El PSOE ha defendido este martes una iniciativa en el Congreso contra las llamadas “leyes de concordia” que han impulsado los gobiernos de PP y Vox en Aragón, Comunitat Valenciana y Castilla y León. Como era lógico, los socialistas han contado con el apoyo de todos sus socios parlamentarios, pero parte del debate ha discurrido en una dirección menos esperada. La mayoría de aliados han reprendido al PSOE por su tibieza y lentitud a la hora de desplegar la ley de memoria democrática, aprobada en octubre de 2022, ante los retrasos que están impulsando populares y ultras.
“Les hemos advertido muchas veces de que en políticas de memoria quedarse parados es retroceder”, ha resumido el sentir de la mayoría de socios el diputado de ERC Francesc-Marc Álvaro Vidal antes de recordar que en julio se cumple el plazo que aceptó el Gobierno para desplegar todos los apartados de la norma. En el mismo sentido, el diputado del BNG Nestor Rego ha pedido a los socialistas que “cumplan su parte del trabajo que es desarrollar al máximo la ley” y la parlamentaria de Podemos Martina Velarde ha recalcado que “para combatir el fascismo no es suficiente decir ‘ni un paso atrás’, es necesario aprobar nuevos derechos”.
El PNV también ha apuntado a la necesidad de “seguir desarrollando, aplicando y garantizando” el cumplimiento de la norma. Y la diputada de EH Bildu Isabel Pozueta ha sido la más concisa al denunciar que la judicatura no está haciendo cumplir la norma en lo relativo a juzgar casos amnistiados en 1977. No obstante, el parlamentario de Junts Eduard Pujol ha sido el más duro con el PSOE: “No se pueden pasar la vida dando lecciones de memoria democrática para repetir actitudes propias del franquismo de los años 50”.
La disputa
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La proposición de ley, que se aprobará el próximo jueves, incluye una referencia concreta a la “obligación del Estado español en su conjunto, lo que incluye a los tres poderes (ejecutivo, legislativo y judicial)” de “garantizar la preservación de la memoria colectiva relativa a las violaciones manifiestas de los derechos humanos” cometidos durante la dictadura y la guerra civil. Además, el texto deja claro el “absoluto rechazo” a las leyes impulsadas por los gobiernos autonómicos del PP y Vox que, además, han sido censuradas por un informe redactado por varios relatores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
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“Mucho cuajo para llamar concordia a la mayor infamia que se recuerda en nuestro país contra las víctimas del franquismo”, le ha esperado el diputado del PSOE Raúl Díaz a la bancada del PP. La respuesta del conservador Pedro Múñoz ha sido una defensa férrea de las normas impulsadas en los parlamentos de Aragón, Comunitat Valencia y Castilla y León: “Son los marcos adecuados para que todos los españoles puedan sentirse identificados y para rendir respeto a todas las víctimas. Incluyendo, también, a las víctimas del terrorismo. (…) Caben los grises y todos los matices”.
