La defensa del expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro con el PP, Eduardo Zaplana, ha tachado de “antigua” a la Policía Judicial destinada al caso Erial y ha asegurado que es “propia” de “un régimen anterior del 78”.
Así ha comenzado su informe Daniel Campos, letrado de Zaplana, en el juicio que se sigue en la Audiencia de Valencia contra su representado y 11 personas más por el caso Erial, procedimiento en el que se ha investigado el supuesto cobro de más de 10 millones de euros en comisiones derivadas de concesiones de ITV y parques eólicos de la Comunitat Valenciana.
Precisamente este martes fue el fiscal el que abrió los informes y rebajó en dos años la pena solicitada para su cliente, que pasó de 19 a 17 años al eliminar el delito de falsedad en documento oficial, y retiró la acusación contra tres personas: la exdiputada Elvira Suances, el peluquero Pedro Romero y el empresario Ángel Salas. También dejó la pena para el expresidente de la Generalitat y de Bancaja, José Luis Olivas, en dos años, similar a la de cuatro conformados que reconocieron los hechos.
En su turno de palabra, el ministerio público destacó la labor de la Policía y se quejó por sus condiciones laborales. La defensa de Zaplana difiere. “Es importantísimo defender las garantías. La verdad no puede ser hallada a cualquier precio”, ha comenzado diciendo el letrado para, después, mostrar su “preocupación” tras escuchar al fiscal avalar “un modelo de instrucción y de policía moderna que nos parece peligroso y preocupante”.
Al respecto, ha indicado: “No creemos que una instrucción en la que ha existido una sentencia declarando una lesión de derechos fundamentales deba ser ejemplo de nada; además, la Policía Judicial que hemos tenido aquí tampoco creemos que sea moderna, sino antigua, propia de un régimen anterior al del 78“.
Así, estima “preocupante” la tendencia en “algunas” formas de investigación: “No hay que buscar atajos para luchar contra la corrupción ni inventos ni soluciones rápidas que determinan una rebaja de las garantías. En justicia penal el fin no justifica los medios. El fin no es el éxito sobre el enemigo sino la verdad procesal obtenida con respecto a las garantías”, ha insistido.
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Por otro lado, el letrado ha lamentado la cantidad de autos de secreto dictados en el procedimientos, “lo que ha mermado el derecho de defensa”, al tiempo que ha criticado que la prisión provisional se utilizara con una “finalidad espúrea, para presionar a las personas en prisión con el objetivo de que dijeran dónde estaba el dinero. Y hasta que no apareció el dinero, no se decretó la libertad. No se protegía el riesgo de fuga o la destrucción de pruebas, sino que se estaba esperando a ver si se rendían y decían dónde estaba el dinero”, ha afirmado.
