La pareja de la presidente de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el empresario Alberto González Amador, comparecerá por primera vez este lunes ante la jueza María Inmaculada Iglesias para ofrecer todas las explicaciones que considere oportunas para defenderse de la denuncia que la fiscalía presentó contra él por fraude fiscal y falsedad en documento mercantil, y que ha supuesto de rebote la apertura de otro procedimiento en el que se investiga al propio ministerio público y que puede llegar a alcanzar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
Todo ello por la nota que desde la Fiscalía Provincial de Madrid se envió a los medios de comunicación para informar de los principales puntos de las conversaciones mantenidas entre Carlos Neira, abogado de González Amador, y el fiscal que redactó al denuncia, Julían Salto, ante la publicación de una información parcial e incompleta por parte de algunos medios de comunicación. La pareja de la presidenta madrileña y el Colegio de la Abogacía de Madrid presentaron sendas denuncias contra el fiscal y su superior, Pilar Rodríguez, contra la que apuntó Díaz Ayuso en redes sociales desde que se conoció los problemas con la justicia del empresario, al recordar que fue directora general durante Gobierno socialistas. Días después García Ortiz asumió la responsabilidad última de la comunicación, por lo que podría tener que responder ello.
El procedimiento seguido en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid transcurre en paralelo al que este lunes inicia la denuncia fiscal contra González Amador y en ocasiones ha parecido eclipsarla. La acusación contra el empresario parte de la Agencia Tributaria, que el pasado 22 de febrero remitió a la Fiscalía Provincial de Madrid el informe en el que había detectado un fraude fiscal por un importe que podía ser constitutivo de delito (al superar los 120.000 euros) por parte de la entidad Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medioambiente. El fiscal Salto redactó la correspondiente denuncia el 13 de febrero. Se presentó en los juzgados madrileños de Plaza de Castilla el pasado 5 de marzo.
La denuncia, que correspondió al Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, atribuye a González Amador dos delitos fiscales por haber presuntamente defraudado a Hacienda a través del Impuesto de Sociedades 155.000 euros en el año 2020 y 195.951 euros, en 2021, “de forma consciente y voluntaria”. También le imputa a un delito de falsedad en documento mercantil, porque considera que “en su conducta defraudatoria” declaró gastos ficticios por servicios nunca prestados para lo que las empresas también denunciadas habrían realizado facturas falsas por distintos importes de entre 10.000 y hasta 922.585 euros.
Facturas falsas
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La denuncia considera que en el ejercicio de 2020, Maxwell Cremona se dedujo una factura de 620.000 euros de la sociedad mexicana Mke Manufacturing que no responde a ningún servicio prestado. En 2021, repitió la deducción con una factura de 922.585 euros de la costarricense Gayani; cuatro facturas cada una de 12.800, de Púrpura Star; una de 20.000 de Baluarte Desarrollo Centro Especial de Empleo; otra de 21.200 de Manantial; cinco (tres de 10.000, una de 16.000 y otra de 20.000) de Bianconera de Servicios Profesionales; una de 10.500 de Bianconera Spa, y una de 11.495, de Ginmosur.
Ese año, Maxwell Cremona facturó algunos de sus servicios a su principal cliente, Quirón Salud, a través de Masterman & Whitaker, de la que Alberto González también es socio único y administrador. Según la denuncia fiscal, “dicha empresa carece de medios materiales para prestar esos servicios”, por lo que se recurría a los de Maxwell Cremona. De ahí que considere que el objetivo de estas prácticas sea “un ahorro fiscal al trasladar parte de actividad a una sociedad vinculada con él, con la finalidad de generar bases imponibles negativas en Masterman a compensar en el futuro con los beneficios que aquella pudiera obtener”.
El TSJ busca al máximo responsable
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El inicio de las declaraciones en la causa penal contra el empresario, que han producido toda una tormenta política con pocos precedentes, coincide con las primeras diligencias contra los fiscales que le persiguen. El pasado jueves, el magistrado del Tribunal Superior madrileño Francisco José Goyena notificó el auto en el que incoa las primeras diligencias contra los fiscales.
Entre las medidas acordadas, el magistrado reclama saber “quiénes fueron las personas físicas concretas que intervinieron en la decisión de hacer público dicho comunicado de prensa y el máximo responsable (en rango) de la carrera fiscal que acordó o dio el visto bueno a la decisión de difundir el comunicado con el contenido finalmente remitido”. Ello apunta directamente al fiscal general, Álvaro García Ortiz que, de resultar formalmente investigado, lo sería por el Tribunal Supremo, dada su condición de aforado.
Por esta razón, un asunto inicialmente ordinario como es una causa por fraude contra un ciudadano -la mayoría de las cuales concluye en pacto, beneficioso para todas las partes- puede acabar derivando en una cuestión de grave afectación para el Gobierno de Pedro Sánchez, que es quien designó a García Ortiz como fiscal general pese a ser el primero en la historia de nuestra democracia que no obtuvo el aval de idoneidad por parte del Conejo General del Poder Judicial.
La figura de García Ortiz se encuentra, en todo caso, cercada por otras polémicas. Esta misma semana la Asociación de Fiscales, mayoritaria en la carrera, y que ha pedido su dimisión en varias ocasiones, respondió con contundencia a las manifestaciones en las éste afirmaba que encuentra “objetivos idénticos” entre algunas asociaciones de jueces y fiscales y determinados partidos políticos. Por ello ha anunciado que se levanta de la mesa en la que se trabajaba en una reforma Estatutaria de cara al proyecto para dar la instrucción penal a los fiscales, un asunto que el Gobierno tiene entre sus objetivos impulsar.
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Llovía sobre mojado: tan sólo unos días antes, además de admitirse la querella presentada por el novio de Díaz Ayuso, se conocía que el Supremo había anulado su decisión de nombrar a su antecesora en el cargo, Dolores Delgado, al frente de la Fiscalía de Sala de Memoria Democrática. Para rematar todo ello fue reprobado por la mayoría conservadora en el Senado.
