A pesar de que la expectación era fuerte, el expresident Carles Puigdemont no se ha desplazado a la Universitat Catalana d’Estiu (UCE), que se celebra en el municipio francés de Prada, y finalmente ha intervenido a través de un vídeo grabado en el que excusa su ausencia por “motivos de seguridad”. El cartel del evento preveía la presencia de Puigdemont en la presentación del libro ‘Colpisme’ de Damià del Clot, en la que hubiera sido su primera reaparición oficial después de su fugaz regreso a Cataluña el día de la investidura de Salvador Illa como nuevo president de la Generalitat.
El año pasado, Puigdemont si se desplazó al sur de Francia para asistir presencialmente a un homenaje a Pau Casals organizado por la UCE, que logró congregar a cinco expresidents de la Generalitat, entre ellos Jordi Pujol o José Montilla. Sin embargo, en esta ocasión, ha preferido no hacerlo, después de haber evitado su detención en Barcelona hace diez días tras haber huido de los Mossos de Esquadra, que esperaban arrestarle a las puertas de la Cámara catalana.
Puigdemont ya no goza de inmunidad parlamentaria, al haber dejado de ser eurodiputado tras las elecciones del pasado mes de junio, y podría verse afectado por una nueva euroorden de arresto. El expresident no ha querido correr riesgos, a pesar de que el juez instructor del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, no reactivó la petición europea de detención cuando rechazó amnistiarlo.
A esta circunstancia se ha vuelto a referir Puigdemont durante su intervención telemática en Prada, señalando como un “golpe de estado híbrido” que se haya podido beneficiar aún de la ley de amnistía aprobada por el Congreso de los Diputados. Según el expresident, el “golpismo se ha sofisticado mucho” y ahora es más difícil de detectar, ya que la irrupción de fuerzas militares en los parlamentos democráticos ya “no la compra nadie”.
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Puigdemont considera que los partidarios de la unidad de España se han reinventado para evitar la “mala prensa” y les acusa de actuar bajo una “apariencia democrática” del poder judicial para “conseguir los objetivos políticos que las urnas no les permiten obtener”.
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