La Generalitat reclama 63.000 euros al barco de rescate humanitario “Aita Mari” por atracar en el puerto de Burriana (Castellón). Así lo ha hecho público la entidad, que anuncia que este golpe “pone en peligro” la próxima misión de rescate en el Mediterráneo y deja el proyecto “en una situación complicada”.
En junio, y a petición de Vox, el Consell aprobó su macrodecreto de simplificación administrativa, dentro del cual se recoge la derogación de la exención de tasas portuarias para los barcos de ayuda humanitaria (aprobada por el Botànic). Esto supone que, a partir de ese mes, las ONG de rescate debían volver a pagar. El problema es que la Generalitat las quiere cobrar “con efecto retroactivo, realizando una liquidación de tasas de los últimos cuatro años, hasta 2021. Esto supone, sin recargos, 63.000 euros” denuncia la entidad en un comunicado.
El Aita Mari no es el único barco de este tipo que atraca en el puerto de Burriana o Vinaroz, conocidos precisamente por hacer de lanzadera para muchas de estas asociaciones que rescatan personas migrantes en el Mediterráneo. Otros navíos muy conocidos son el Open Arms, el Louis Michelle, el Sea Eye, o el Sea Watch. “El nuestro es el más pequeño de todos esos, o sea que a ellos les habrá llegado un recargo aún mayor”, explica Íñigo Mijangos, capitán del Aita Mari.
Mijangos explica que no tienen ningún problema en pagar la nueva tasa, y que llevan meses abonándola, pero “creemos que es ilegal que nos pidan pagar 4 años con efecto retroactivo, no sabemos en qué legislación se basan para hacer eso”. Asegura que han recurrido la decisión, pero mientras tanto están pensando un plan de pagos para su agente portuario; “esto nos deja en una situación muy mala, pero cumpliremos y vamos a pagar”.
2.000 personas rescatadas en 6 años
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El Aita Mari lleva realizando rescates en el Mediterráneo desde el año 2018, periodo en el que ha rescatado a más de 2.000 personas migrantes que trataban de llegar a Europa en patera, según estimaciones de su capitán. Antes de embarcarse, la ONG trabajó desde 2015 en la isla de Chíos, en Grecia.
Mijangos denuncia que la decisión de volver a hacer obligatorias las tasas para los barcos de ayuda humanitaria es derivada de la presión de Vox en el Consell, por eso la ONG reclama que la Generalitat rectifique ahora que el partido ultra ya no forma parte del Gobierno valenciano, o al menos, que no aplique este efecto retroactivo de 4 años.
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Según reza el texto aprobado dentro del macrodecreto este mes de junio “la cuantía de esta tasa será el importe resultante de multiplicar por 1,5 el precio medio facturado al puerto en el último trimestre anterior a la fecha del devengo por el suministrador de que se trate” (antes no ponía lo de “en el último trimestre anterior a la fecha del devengo)”. “Para los casos de los suministros de agua y energía eléctrica a embarcaciones deportivas y de recreo, la cuantía de la tasa será de 0,2104 euros/kWh y 0,0060 euros/litro de agua (esto no sale en la ley del 99 de las tasas portuarias)”. Es decir, la tasa va en función del uso que se hace del propio puerto, con lo que el recargo del Aita Mari se prevé uno de los más “baratos” al ser uno de los navíos de rescate más pequeños que suelen atracar allí.
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