Desde 2021, la preocupación de los españoles por la vivienda se ha incrementado considerablemente. Así lo reflejan diversos estudios sobre los temas por los que más sufren. La especulación inmobiliaria y la inacción de los gobiernos ha acentuado un problema que afecta a la población cada vez más de manera más pronunciada.
Ahora, por primera vez, el Gobierno ha intentado poner cartas en el asunto con la nueva ley de vivienda que pretende marcar unos mínimos en cuanto al precio del alquiler con tal de frenar la espiral inflacionista.
Hasta ahora, los contratos en vigor siempre se referenciaron al Índice de Precios al Consumo (IPC) pero ahora es el INE quien deberá presentar el futuro índice al que se referenciarán los precios de los contratos de alquiler en vigor, es decir, el porcentaje de precio que podrá un casero subir a su inquilino anualmente a partir del próximo año.
La creación del índice se explica en la nueva ley: “El Instituto Nacional de Estadística definirá, antes del 31 de diciembre de 2024, un índice de referencia para la actualización anual de los contratos de arrendamiento de vivienda que se fijará como límite de referencia a los efectos del artículo 18 de esta ley, con el objeto de evitar incrementos desproporcionados en la renta de los contratos de arrendamiento“.
A día de hoy, al INE le quedan unos cuatro meses para presentar este índice. Es decir, quedan poco meses para saber cuanto podrán subir los alquileres que actualmente estaban topados al 3%.
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En declaraciones a El Periódico de España en mayo fuentes del INE señalaron que “los técnicos están trabajando en ello” y que “quedará definido antes de que acabe el año 2024”. Actualizada la cuestión por el mismo medio de Prensa Ibérica en agosto el organismo se reafirman en que “el INE está trabajando en ello y se cumplirá con los plazos establecidos por la ley”.
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