Más impuestos para la Iglesia Católica y “autofinanciación” de las confesiones religiosas. Es lo que Sumar propone dentro de la gran reforma fiscal que plantea al PSOE para los Presupuestos de 2025. El socio minoritario de coalición presiona estos días por suprimir las exenciones que disfruta la institución eclesiástica y eliminar su asignación tributaria quitando la casilla 105 de la Declaración de la Renta (IRPF).
Sumar y PSOE tienen abiertas vías de comunicación para cerrar un acuerdo presupuestario. Un pacto que el Gobierno deberá después someter a negociación con el resto de fuerzas, con un final incierto debido a la incógnita de Junts y la avalancha de congresos de distintos partidos que podrían retrasar su tramitación y llevarla a comienzos de 2025. En estas conversaciones entre los socios de coalición, el ala liderada por Yolanda Díaz ha planteado una gran reforma fiscal para, entre otras cosas, impedir la bonificación de impuestos por parte de comunidades autónomas, o crear nuevos impuestos para desincentivar el alquiler de uso turístico. Una propuesta que también contempla un plan para aumentar la presión fiscal sobre la Iglesia Católica.
En una iniciativa registrada en el Congreso de los Diputados, Sumar plantea una serie de cuestiones sobre la fiscalidad de la organización eclesiástica al Ministerio de Hacienda, el responsable último de las cuentas, para que se pronuncie al respecto. “¿Cuánto dinero público transfirió la administración general del Estado en 2023 a las diferentes confesiones religiosas?”, es una de las cuestiones que plantea la coalición de izquierdas. La propuesta incluye, en forma de preguntas, una batería de medidas que Sumar prevé llevar a la mesa de negociación en coordinación con Compromís, principal impulsor de esta bandera.
350 millones en 2022
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Así, el diputado valenciano Alberto Ibáñez plantea en su escrito si el Gobierno “tiene previsto establecer la autofinanciación de las confesiones religiosas para 2025“, en una referencia implícita a las cuentas del próximo ejercicio. Pero no es la única sugerencia que Sumar propone al departamento de la socialista María Jesús Montero, interesándose por sus previsiones a la hora de “aplicar el principio de laicidad del Estado” y “eliminar la casilla 105 sobre el sostenimiento de la Iglesia Católica en la declaración del IRPF”.
La casilla 105, llamada de Asignación a la Iglesia Católica, es la casilla que Hacienda pone a disposición de los contribuyentes que quieran destinar el 0,7% de sus impuestos al sostenimiento económico de la Iglesia Católica. El objetivo de Sumar es poner fin a estas asignaciones presupuestarias para que pasen a engrosar el erario público y el Gobierno pueda disponer de ellas, en lugar de cederse a la institución. En la campaña de la renta sobre el ejercicio de 2022, el último del que hay datos, la Iglesia católica recaudó un total de 358,9 millones de euros, un 11,9% más que en la campaña anterior, cuando recaudó 320,7 millones, según informó la Conferencia Episcopal.
Sumar también reclama al Ejecutivo “culminar” el camino abierto en noviembre de 2023, cuando el Ministerio de Hacienda eliminó la exención para la Iglesia Católica del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), y le insta a suprimir también “la exención privilegiada” en otra batería de tributos, como son el IBI, el impuesto de sociedades, el impuesto de transmisiones o el de actos jurídicos documentados, para que la Iglesia tenga que hacer frente a estas obligaciones en igualdad de condiciones que un particular.
Negociación
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En el acuerdo de Gobierno sellado en octubre de 2023, PSOE y Sumar dejaron fuera las cuestiones relativas a la Iglesia Católica, y evitaron referencia alguna en el documento a la fiscalidad de la Iglesia o la supresión de la asignatura de Religión, que Yolanda Díaz sí había incluido en su programa electoral de las generales de julio del 2023. Esta fue la única referencia que hizo sobre la Iglesia , en su empeño por evitar un choque frontal con el electorado católico y su intención de captar a un perfil de votante creyente y de corte más social.
Ahora, sin embargo, es Compromís quien presiona dentro de la coalición de izquierdas por incluir estas medidas en la negociación de Presupuestos entre Sumar y PSOE, con el objetivo de ampliar así las fuentes de financiación del Estado y evitar lo que consideran “privilegios” fiscales. En las últimas semanas, Sumar ha cargado duramente contra el “dumping” de las comunidades autónomas del PP, que bonifican impuestos como Sucesiones, Patrimonio o Transmisiones, pero ha dejado a un lado los tributos eclesiásticos. Desde el partido aseguran que este asunto se trasladará a los socialistas para su inclusión en las cuentas. Hay que recordar que Compromís tomó la decisión de quedar fuera del Gobierno de coalición y es, dentro de Sumar, uno de los actores más beligerantes contra el Ejecutivo, al que no se siente vinculado en modo alguno.
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Es por ello que la formación está ya en coordinación con el equipo negociador de Sumar para incluir este asunto. Los dos dirigentes del ala magenta del Gobierno que encabezan las conversaciones con el PSOE son Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Trabajo y mano derecha de Yolanda Díaz en el Gobierno, y Carlos Martín, el portavoz económico de Sumar que sin embargo se ha mostrado en contra del acuerdo sobre el cupo catalán. El economista y diputado fue la persona que ya lideró la negociación con el ala socialista del Gobierno a principios de año, para pactar el proyecto presupuestario de 2024: las conversaciones estaban ya avanzadas cuando Pedro Sánchez renunció finalmente a llevarlas al Congreso ante la imposibilidad de aprobarlas tras el adelanto electoral en Cataluña.
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