El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont continúa explicando por qué decidió volver de forma efímera a Cataluña para volverse a ir y asegura que su retorno definitivo no se producirá hasta que los jueces le apliquen la ley de amnistía. El dirigente de Junts relata en un artículo publicado este viernes en el portal ‘Politico’ que no regresó para ser detenido, sino para ejercer su derecho a resistir la opresión que, a su juicio, cometen los jueces al no aplicar la ley de amnistía: “No volví a Cataluña para que me detuvieran, volví para ejercer el derecho a resistir la opresión“.
En el escrito, Puigdemont advierte de que el Tribunal Supremo “se rebela contra una ley que no le gusta” y considera que “cuando un juez se niega a aplicar la ley democrática, eso es una forma de opresión que ningún demócrata debería tolerar”. Es lo que vuelve a definir como un “golpe híbrido“, además de cargar contra la interpretación que se hace del delito de malversación por el 1-O, que el tribunal rechaza amnistiar.
La petición de Vox
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De hecho, recuerda que incluso la Fiscalía y la Abogacía del Estado han solicitado que se le aplique la amnistía. “En condiciones normales, los jueces accederían automáticamente a dichas solicitudes. Pero, en cambio, optaron por reconocer una acusación particular interpuesta por el partido de extrema derecha Vox”, lamenta.
También admite que su huida tras el discurso que ofreció en Arc de Triomf justo antes del pleno de investidura del Parlament “no fue fácil“, ya que el riesgo de ser enviado a prisión era “extremadamente alto”. Aun así, subraya que anunció dónde, cuándo y a qué hora reaparecería ante miles de personas y que llegó a Cataluña el 6 de agosto “sin ser descubierto”, logrando finalmente hablar “con el rostro descubierto” a pocos metros del Tribunal Superior de Justícia de Cataluña delante de una multitud.
Como un “terrorista”
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Una vez más, Puigdemont lamenta el operativo policial desplegado por los Mossos d’Esquadra como si se trata de un “terrorista, traficante de armas o asesino” y lo equipara, textualmente, el que desplegaron tras los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils (Tarragona), cuando él era aún presidente de la Generalitat y del que se conmemora el aniversario este fin de semana.
También afirma que si hubiera intentado entrar en el Parlament, como tenía planeado en un principio, habría sido como entregarse a las autoridades judiciales, que según él “carecen de autoridad legal” para perseguirlo, ya que violan las normas internacionales y la legislación aprobada por el Congreso de los Diputados.
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En el artículo puntualiza que en su huida en coche no se escondió en el maletero, sino que se sentó en la parte trasera de un vehículo privado y le llevaron hacia la frontera con Francia, y ahora espera que “un día la justicia vuelva a los tribunales españoles y los jueces respeten una ley aprobada” para poder regresar definitivamente.
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