Carlos Alberto Aristizábal departía con otras personas en la sede de la Junta de Acción Comunal del Barrio El Dorado en Pereira, a 300 kilómetros de Bogotá. Hablaban de asuntos triviales y reían cuando un grupo armado irrumpió en el lugar y llenó de balas su cuerpo. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz de Colombia (Indepaz) informó de que con su asesinato han muerto de la misma manera 100 líderes sociales en el país en lo que va del año. El total desde 2016 es de 1.632 crímenes de este tipo. Los homicidios afectaron a campesinos, ambientalistas, descendientes de africanos, activistas vecinales y de los derechos humanos, comunicadores, indígenas y feministas.
El caso Aristizábal se parece como gotas de agua a los precedentes: primero, las amenazas, luego, el atentado letal y la huida de los asesinos. Mauricio Salazar, alcalde de Pereira, anunció una recompensa millonaria a la persona que ofrezca información sobre el episodio. “Rechazo categórico a este vil homicidio”.
Después de la indignación, todo sigue igual hasta el punto de que la Defensoría del Pueblo ha emitido varias alertas debido al peligro al que están expuestos los dirigentes sociales. El homicidio precedente tuvo lugar hace dos días y acabó con la vida de Francisco Jiménez Gamarra, un reconocido líder comunitario, de un municipio en el sur de Bolívar, a 239 kilómetros de la capital colombiana. Indepaz pidió una vez más a las autoridades medidas de protección para los líderes sociales. Las muertes se suceden en las zonas del país donde están asentados grupos armados ilegales, entre ellos el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), más conocido como el Clan del Golfo. También opera la guerrilla del ELN, que se encuentra negociando la paz con el Gobierno de Gustavo Petro.
Indepaz afirma que durante los primeros dos años del Gobierno derechas de Iván Duque se computaron 475 asesinatos de dirigentes sociales, mientras que en el mismo período de su sucesor, Petro, se ha llegado a 355 hechos similares.
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El primer presidente de izquierdas de la historia colombiana acaba de cumplir sus primeros dos años de gestión. “Para la mitad restante enfrenta a un país en el que la mayor preocupación de sus ciudadanos ha cambiado”, señaló el portal ‘La silla vacía’, al comentar una reciente encuesta de Invamer Poll, según la cual es la seguridad y no la economía es la principal preocupación de los ciudadanos. Gustavo Petro asumió con una tasa total de asesinatos de 26 por cada 100.000 habitantes, por encima del promedio latinoamericano, de 16,4. “En estos dos últimos años, la política de paz y seguridad de Petro ha contenido esta violencia homicida y ha logrado unas pequeñas reducciones a nivel nacional”, sostiene la publicación. Durante sus primeros 365 días, el Gobierno redujo un 2% la tasa de crímenes letales. En su segundo año, la reducción fue ínfima, de un 0,9%.
Una de las expresiones violentas que más impacta a los colombianos tiene que ver con las llamadas masacres, que involucran a más de tres víctimas. En 2023 se registraron un 3,8% más que el año precedente. A pesar de esa subida puntual, señala ´La silla vacía`, la cantidad de víctimas ha disminuido en general: menos 5,2% entre agosto del 22 y junio del 23, y menos 9,8% entre agosto del 23 y junio del 24.
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Por otra parte, los enfrentamientos entre la fuerza pública y los grupos armados se incrementaron un 86% entre agosto 2023 y junio del 2024, mientras que los combates entre esos grupos armados disminuyeron un 32%. Las cifras revelan las enormes dificultades que enfrenta el Gobierno para materializar su promesa de alcanzar la “paz total” en ese país.
