Los imputados en Tsunami Democràtic lo han intentado todo para que el juez Manuel García-Castellón suspendiera la citación que tienen este miércoles en los juzgados de Barcelona para declarar por videoconferencia ante el magistrado de la Audiencia Nacional. Finalmente, solo lo hará la secretaria general de Movimientos Sociales de ERC, Marta Molina, al estar fuera de España el resto de investigados por delitos de terrorismo por las protestas organizadas por la plataforma contra la sentencia del ‘procés’.
El magistrado, que este mismo martes decidió mantener la citación, pese a ser consciente de que la mayoría de imputados no comparecerá, solo ha acordado anular las de la mano derecha del expresident Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, por su estado de salud, y las de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y el empresario Oriol Soler, porque sus abogados defensores tenían señalamientos previos en el País Vasco y en Cataluña, respectivamente. Se da la circunstancia de que el abogado de este último, Benet Salellas, también lo es de Josep Campmajó y de Oleguer Serra, por lo que de haberlo alegado, también se habría suspendido su citación.
Ellos centraron su reclamación en poder declarar por videoconferencia desde Suiza, donde residen ahora, como también había pedido sin éxito Rovira. El exconseller de ERC Xavier Vendrell solicitó poder hacerlo desde Colombia. El magistrado rechazó esa posibilidad, porque para ello tendría que cursar una comisión rogatoria internacional y ello dilataría el procedimiento. También se encuentra en Suiza el periodista Jesús Rodríguez, que el martes se personó en la causa.
Los otros dos imputados en la Audiencia Nacional son Jaume Cabaní y el banquero italiano Flavio Giulio Foglia. Al primero se le sitúa en Bélgica, pero no ha comparecido en el juzgado, y para poder localizar al segundo, el juez ha cursado una comisión rogatoria internacional a Italia.
De esta forma solo comparecerá ante el juez Marta Molina. Pero no estará sola, porque el soberanismo ha convocado un acto en apoyo a las puertas de la Ciutat de la Justícia a las 09.00 horas, a la que acudirán el president de la Generalitat en funciones, Pere Aragonès, y el presidente de ERC, Oriol Junqueras, además de varios representantes de Junts, CUP y los Comuns, así como una delegación de Òmnium Cultural, encabezada por su líder, Xavier Antich, que aprovechará la cita para apoyar la diligencia de la entidad Oleguer Serra.
El martes se presentó un manifiesto en apoyo a Molina, en cuya rueda de prensa la investigada negó las acusaciones de terrorismo y defendió “el derecho de protesta pacífica y democráticamente de forma perseverante y firme”. En esa comparecencia dijo ser “consciente” de que el juez puede decretar prisión provisional: “Yo lo asumo, pero el Estado deberá asumir las consecuencias de volver a tener presos políticos en prisión”, espetó.
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No obstante, parece poco probable que se acuerde una medida tan gravosa, en una citación prevista por videoconferencia en Barcelona, cuando el juez les podía haber citado en la sede de la Audiencia Nacional, que se encuentra en Madrid, o incluso haber ordenado su detención.
